- La calle San Diego fue calificada como el epicentro de bodegas de libros falsificados que son administradas por el mercado negro.
El pasado domingo 4 de enero, Tele13 emitió un reportaje que dejó en claro que tras la venta de libros piratas no solo existe comercio ilegal y vulneración de la propiedad intelectual y los derechos de autor, sino prácticas delictivas que afectan a la seguridad de toda la población.
La investigación mostró cómo operan grupos organizados para vender libros piratas que guardan cientos de ejemplares ilegales en sus bodegas, los que son ofrecidos a los consumidores. Así, una persona queda expuesta a comprar un producto defectuoso y que forma parte de una cadena delictiva de alta peligrosidad.
El reportaje también mostró el conflicto entre comerciantes ilegales de libros piratas que terminó con el asesinato de uno de ellos en manos de otro de “colega”, en plena Alameda, frente a la casa central de la Universidad de Chile.
Además de revelar la ruta del libro pirata, la nota mostró cómo diferenciar un libro falsificado de uno original, apuntando a elementos como que el libro falso siempre es más pequeño; se imprime en papel blanco común; tiene un acabado deficiente -que permite que se le salgan las hojas con un mínimo uso- e, incluso, faltas ortográficas.
En el reportaje televisivo la Corporación del Libro y la Lectura (CLL) denunció que el daño es a toda la industria: “las empresas formales no pueden imprimir libros y eso impide que el diseñador, el ilustrador y el autor, entre otros profesionales, no reciban la retribución por propiedad intelectual. Tras un libro pirata se pierden derechos y ganancias”, dijo Sebastián Rodríguez-Peña, presidente de la CLL.
En 2022 y 2025, la PDI logró incautar parte de estas bodegas clandestinas: 350 mil ejemplares de libros piratas. “Las bodegas funcionaban como puntos de acopio donde además tenían las máquinas fotocopiadoras”, dijo Hernán Torres de Alessandri Abogados, oficina que trabaja probono para la CLL.
“Queremos que la sociedad tome conciencia que esto es un delito y también creemos que se deben subir las penas, porque realmente están haciendo un daño a una industria que no es multimillonaria”, sostuvo el presidente de la Corporación del Libro y la Lectura, Sebastián Rodríguez-Peña.